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El Servcio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal presentarán siete querellas en contra de 43 empresas dedicadas a la elaboración de facturas falsas para amparar ilegalmente la evasión fiscal por más de 55 mil millones de pesos, informaron hoy ambas dependencias.
El procurador fiscal, Carlos Romero, anunció que en primera instancia se emprenderán acciones legales contra quienes vendían las facturas. Quienes las compraron tendrán tres meses para regularizarse o, de lo contrario, también se procederá legalmente por evasión fiscales, con el mensaje de que “se acabó la fiesta”
“Si en estos tres mese no se regularizan, se presentan querellas contra quienes compró facturas, porque se presume que sí hay acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió”, dijo Romero, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que si en esos caso no hay regularización, se configuraría el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión. Dijo que el eje de la investigación fue el ejercicio 2017.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay cerca de ocho mil contribuyentes involucrados, que deben regularizarse para evitar una acción legal en su contra.
Raquel Buenrrostro, titular del SAT, informó que las denuncias se basan en una investigación a operaciones simuladas por un monto global de 93 mil millones de pesos, de los que se desprende una evasión fiscal de 24 mil 550 millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado; 11 mil 330 millones de Impuesto sobre la Renta y 19 mil millones de pesos por ISR retenido.
La funcionaria explicó que la compra-venta de facturas falsas para simular gasto se realizaba principalmente en servicios como mantenimiento, servicios profesionales y los denominados consumibles, que son mas complicado de verificar a diez años de realizados.
Con esa simulación en el papel se elevan los gastos y se reduce el monto de los impuestos.
Buenrostro señaló que las factureras comenzaron a proliferar como despachos contables, cuyas direcciones fiscales eran en realidad terrenos baldíos o departamentos de interés social en zonas populares. En algunos casos acudían a las empresas para “ofrecer sus servicios” y se convertían en “socios comerciales”.
Anunció que el SAT enviará cartas a todas las empresas involucradas que utilizaron este tipo de documentos para deducir impuestos a fin de que se regularicen en su situación fiscal, “porque a lo mejor un gasto no podían comprobar, pero están comprobando facturas a empresas vinculadas a crimen organizado”.
Buenrostro explicó que hay dos tipos de empresas factureras, las que sólo venden estos documentos a compañias o contribuyentes y las vinculadas al crimen organizado, que intentan justificar gastos que en realidad están relacionados con acciones delictivas como trata de personas, tráfico de drogas o pago de sobornos.entre otros.
A su vez, Romero explicó que anteriormente se hacían investigaciones superficiales sobre la operación de estas empresas factureras por lo que proliferaron, pero ahora existe una determinación de evitar la evasión fiscal con el respaldo presidencial. Detalló que el primer paquete de denuncias dirigida exclusivamente contra las empresas que elaboraban las facturas falsas, “contra el grupo criminal que va a operar estas empresas” y que se involucran en las 7 querellas para encubrir la defraudación fiscal y lavado de dinero (iM-rrc)
